Amenazas escolares en Santa Fe: enviaron cerca de 40 notificaciones para cubrir los costos

Varias provincias informaron que los padres o tutores de los alumnos que realizaron amenazas se deberán hacer cargo de los costos de los operativos.

El Gobierno de Santa Fe confirmó que ya se enviaron 39 notificaciones para que padres o tutores de alumnos que hayan realizado amenazas escolares cubran los gastos de los operativos, que rondan en los $200 millones. Esta medida es abarcada por varias provincias debido al incremento de procedimientos que terminan en falsas alarmas.

El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informa que se logró reconocer a 73 personas como responsables de amenazas en distintas instituciones educativas de la provincia. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte.

Blanca Diakaki, subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, contó que aguardan a obtener más informaicón: “Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”.

En conferencia de prensa, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos” y que el ministerio “va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”.

Diakaki precisó que los costos “van variando en cada caso concreto”, y que “parten de una base estimativa de entre $5 y $6 millones, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de $11 millones”.

En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.