Mientras el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso la intervención de Vicentin Saic por el plazo de 120 días, la Corte Suprema de Santa Fe resolvió “rechazar el recurso extraordinario federal” presentado por la agroexportadora que buscaba llevar su causa a la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de revertir la anulación de la homologación del acuerdo preventivo con sus acreedores. El fallo de la Corte habilita a que se abra el proceso de cramdown.

Con esta decisión el máximo tribunal provincial ratificó el fallo del pasado 18 de febrero que anuló la homologación del acuerdo concursal alcanzado por la agroexportadora con un grupo de acreedores y se ratifica el reenvío del expediente a un tribunal subrogante de Rafaela para dictar una nueva sentencia. La resolución, firmada por los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, deja firme el rechazo al plan de salvataje presentado por la cerealera.

La Corte rechazó que el recurso cumpla con los requisitos de admisibilidad para ser elevado a la Corte Suprema nacional. “El recurso extraordinario federal deducido no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, subrayó el tribunal.

También desestimó la supuesta existencia de un caso de gravedad institucional. “Resultan insuficientes los fundamentos expresados con el fin de evidenciar el interés institucional (...) La recurrente se limita a poner de relieve la magnitud de la empresa que tiene cerca de 1200 empleados y genera otros miles de empleos indirectos, y donde 1692 acreedores estarían sin cobrar como consecuencia de la paralización del expediente”, expresó la Corte en su fallo.

El abogado Gustavo Feldman explicó que el fallo de la Corte habilita a que se abra el proceso de cramdown. “El fallo de la Corte da por tierra con la torpe intentona de llevar esto a la Corte Federal, cosa que los propios abogados de Vicentin sabían que iba a ser así. No había otra manera. Paralelamente la decisión de correr el directorio títere busca ordenar un poco lo mal trecho que está el desenvolvimiento empresarial, institucional y operativo de la empresa”, explicó sobre las respuestas de la Justicia “que tienen un mismo norte: no perder un efector económico de una actividad estratégica para la Argentina, evitar la quiebra, la pérdida de las fuentes de trabajo y establecer una salida, una alternativa, para poder honrar la deuda de una buena vez”.

Tras la resolución todo pasa a la Cámara de Rafaela, tiene que dictar la resolución y abrir formalmente el cramdown para que se presenten los grupos oferentes para ver quién sigue a cargo de la empresa. Mientras todo esto sucede, la responsabilidad de la marcha de la empresa es de la intervención designada por Lorenzini. Según Feldman, del juez.

Lorenzini dispuso la intervención de Vicentin Saic por el plazo de 120 días, la suspensión de las facultades de sus actuales directores y la puesta en pausa de los cortes de provisión de bienes y servicios por parte de proveedores del sector público y privado, por 60 días.

Los veedores judiciales de la compañía concursada, Andrés Schocron y Guillermo Nudemberg fueron designados interventores. El objetivo de su tarea será la prevención de daños, la protección de la empresas y la protección de bienes y unidades de negocios, frente a una eventual liquidación.

Según la resolución firmada por el juez que llevó adelante el concurso de la empresa defaulteada en 2019, la nueva conducción deberán apelar a todos los mecanismos legales para “concertar negocios prósperos” tendientes a reactivar el grupo cerealero, que hoy está prácticamente paralizado. Esto incluye la posibilidad de firmar contratos y también de disponer de bienes, si eso es necesario para garantizar la continuidad de las operaciones y el pago de los salarios a los trabajadores.

Para tomar la decisión de intervenir la empresa, Lorenzini sopesó los resultados de la audiencia realizada el 11 de abril, que reunió a todas las partes involucradas en el proceso. Entre otras cosas, recogió la demanda de la Unión Agrícola Avellaneda, y de Bioenergias Agro, dos empresas que proveían materia prima a la empresa para su procesamiento, de mayor seguridad jurídica para seguir operando con la concursada.

Pero también tomó en cuenta el informe de la Sindicatura que señaló que el pasivo posconcursal de Vicentin, exigible en lo inmediato, llega a $ 12.536 millones, mientras que el mediano plazo se eleva a $ 30 mil millones.

El magistrado le achacó al directorio de Vicentin “falta de gestión y prevención del daño” en en un momento de crisis extrema por parte de la compañía. Por eso suspendió las facultades de decisión de los directores Daniel Foscchiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain.

“Estamos situación en el delicado umbral entre conservar una empresa viable o considerar que es inevitable la liquidacion”, dijo el juez, para quien “es necesario apelar a todos los recursos y mecanismos” para evitar la última alternativa.

En la resolución se admite que la intervención parte de un contexto de crisis, que se agrava por la falta de información clara sobre el estado de las cuentas de la sociedad Mencionó, pro ejemplo, el faltante detectado de 2.800 toneladas en la planta de Avellaneda.